Hay un nuevo desarrollo en la historia humana que se está produciendo y que no se está contando.Aquí, intentamos explicarlo.

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24 ago. 2016

TTIP : Breve Historia de una Agenda para el Saqueo Corporativo

La jerga corporativa que rodea al acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio e Inversiones (TTIP/ACTI) pregona que trata de "proteger" la  inversión, reduciendo las “innecesarias” barreras '' y armonizando las regulaciones que supuestamente impiden el libre comercio entre los EE.UU. y la UE.

En principio, el concepto de que el comercio sea libre y justo suena ideal. Pero, en todo el mundo, el paradigma ideológico dominante permite poco margen para ello. Los mercados están amañados [1], los precios de los productos son manipulados [2] y las naciones son coaccionadas [3], desestabilizadas [4] o atacadas [5] con el fin de que los potentes jugadores ganen el acceso a los recursos y mercados.

El 11 de octubre, más de 400 grupos de toda Europa se lanzaron a las calles para manifestarse en contra del TTIP, que acaba de terminar su séptima ronda de conversaciones en Washington. Mientras que algunos grupos son acusados ​​por los partidarios del TTIP de ser impulsados ideológicamente en su oposición, no es la ideología lo que impulsa esta oposición. Es el escepticismo y la desconfianza alimentada por las prácticas y acciones de las poderosas corporaciones que prevalecen así como su marca ideológica del neoliberalismo y la privatización desenfrenada.  Resulta sospechoso el secretismo y la falta de transparencia en torno a los combustibles dentro del TTIP. ¿Al público no se le ha permitido saber quién establece la agenda para las negociaciones o qué es lo que se está negociando supuestamente es nuestro nombre?

Se espera que el público aguante y calle y lo deje todo para los expertos: los funcionarios de la UE con sus profundos conflictos de interés [6,7,8] y las grandes empresas (léase lobbismo). Ha sido principalmente a través de documentos filtrados y el recurso a la libertad de información de cómo el público ha adquirido una idea de la naturaleza de las negociaciones.

Los orígenes de la TTIP y la falta de transparencia

El acuerdo fue planeado por el "Grupo de trabajo de alto nivel sobre Empleo y Crecimiento» (HLWG, High Level Working Group on Jobs and Growth), que fue creado en 2011 y presidido por el Comisario Europeo de Comercio, Karel De Gucht y el entonces representante comercial estadounidense, Ron Kirk [9]. Ensu informe final, el Grupo no sólo recomienda entrar en las negociaciones, sino que también entró en algunos detalles en cuanto a lo que se debe poner sobre la mesa, con el objetivo de largo alcance de avanzar hacia un "mercado transatlántico".

Cuando se le preguntó acerca de la naturaleza del grupo, la Comisión Europea (CE) dijo que no tenía miembros identificables y afirmó que "varios departamentos" han contribuido a la discusión y a los informes del grupo. Incluso afirmó que no había ningún documento que contuviera la lista de los autores de los informes. A la petición del Corporate Europe Observatory (CEO) para que revelara los miembros/autores del informe, recibió  la respuesta: " Lamentablemente (la CE) no estamos en condiciones de ofrecerle la información solicitada". [10]

El CEO argumentó que el grupo debe estar sujeto a los requisitos de transparencia establecidos en las normas de la CE sobre "grupos de expertos", incluida la transparencia de quienes participaron.

Cuando se le preguntó acerca de la “experiencia externa"(como la CE lo llamó) que habían influido en los informes elaborados por la HLWG, al CEO se le dijo que la evaluación del impacto del acuerdo comercial UE-EE.UU propuesto contenía un resumen de las pruebas periciales reunidas desde su inicios. El CEO también fue dirigido a la página de la Comisión para las consultas públicas, donde se afirma que más del 65 por ciento de la entrada a las dos primeras consultas sobre el proyecto de acuerdo UE-Estados Unidos provenía de empresas y asociaciones de la industria.

El Comisario Europeo De Gucht afirmó que "no hay nada secreto" sobre las conversaciones en curso. En diciembre de 2013, en una carta publicada en The Guardian [11], argumentó que "las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio e Inversiones están completamente abiertas al escrutinio”.

Si ese era el caso, ¿por qué entonces fueron fuertemente censuradas las notas de las reuniones de la Comisión con los grupos de presión empresariales (lobbies) que le fueron entregadas al Corporate Europe Observatory (CEO) bajo ley de libertad de información de la UE? [12]

Al público no se le permite conocer las posiciones mantenidas por la UE (a diferencia de los intereses comerciales) en estas conversaciones, a quienes se le está dando acceso es a los que  están presionando en nombre de esos intereses comerciales. Perogrulladas altruistas que se refieren a la protección de la integridad de la industria y la naturaleza sensible de las negociaciones se han utilizado en un intento de subvertir la democracia, evitar el escrutinio público y asegurar las continuas posiciones privilegiadas y la influencia de las grandes empresas en las conversaciones que se han celebrado. Los argumentos que se utilizan para justificar el secreto fueron velados como sutiles disfraces para tratar de engañar a la opinión pública en la aceptación de la legitimidad de estas negociaciones sin preguntar.

Los documentos recibidos por el CEO mostraron que los funcionarios de De Gucht invitaron a la industria a presentar listas sobre “las barreras reguladoras que les gustaría que fueran retiradas durante las negociaciones”. Sin embargo, no hubo manera de que el público supiera cómo la UE incorpora esto en su posición de negociación ya que se habían eliminado todas las referencias.
El CEO recibió 44 documentos sobre las reuniones de la CE con los lobbies de la industria como parte de los preparativos para las negociaciones comerciales UE-Estados Unidos. La mayor parte de los documentos, publicados como resultado de una solicitud basada en la libertad de información (FOI), eran informes de la reunión elaborados por funcionarios de la Comisión.

Los documentos tardaron en llegar casi diez meses después de la solicitud presentada y 39 de los 44 documentos fueron fuertemente censurados. Los documentos cubren sólo una fracción de las más de 100 reuniones en las que los funcionarios de De Gucht tuvieron con los grupos de presión de la industria en el período previo al lanzamiento de las negociaciones con respecto al TTIP.

¿Por qué no había notas sobre las reuniones a puerta cerrada con los cabilderos corporativos de, por ejemplo, la Cámara de Comercio de EE.UU., la Federación de la Industria Alemana BDI, los lobbies químicos CEFIC y VCI, coalición de la industria farmacéutica EFPIA, DigitalEurope, el Consejo Empresarial Transatlántico, industria de armamentos ASD, la Asociación de Banqueros Británicos y corporaciones como Lilly, Citi y BMW?

En los 39 documentos que fueron "parcialmente liberados", grandes piezas de texto ("no liberables" o "no relevante") había sido ocultadas. En muchos casos, se han eliminado las partes del texto porque contenían las opiniones de los grupos de presión de la industria "en aspectos particulares de las negociaciones comerciales entre la UE / Estados Unidos”. "La liberación de esta información podría tener un impacto negativo en la posición de la industria", argumentó la comisión. No queda claro por qué las opiniones de los grupos de presión deben estar ocultos del escrutinio público.

La Comisión también había eliminado todos los nombres de los grupos de presión a partir de los 44 documentos argumentando que " su divulgación perjudica a la protección de [...] la privacidad y la integridad de la persona". Según el CEO, se trataba de una absurda línea de argumentación ya que eran cabilderos profesionales que no están actuando a título personal. 

 Lo que realmente quieren las empresas

A pesar de estar fuertemente censurados, los documentos muestran claramente que la eliminación de las diferencias en la normativa de la UE y de Estados Unidos es la cuestión clave en las conversaciones respecto al TTIP, que son las llamadas "barreras regulatorias", término que aparece en una gran mayoría de las reuniones. Por ejemplo, en una reunión con el Foro de Servicios Europeos en febrero de 2013, un grupo de presión dedicado a defender los servicios globales del Deutsche Bank, IBM y Vodafone, la Comisión propuso varias opciones para la cooperación regulatoria como 'compatibilidad', 'reconocimiento mutuo' y "equivalencia".

En otra reunión en febrero de 2013, BusinessEurope (el lobby empresarial más poderoso en Bruselas), ha destacado "su voluntad de desempeñar un papel activo en las próximas negociaciones, en particular en el frente normativo". La Comisión tomó nota de la importancia de la industria de la UE "presentando propuestas detalladas para hacer frente a las barreras regulatorias transatlánticas".

Un documento filtrado de la UE del invierno de 2013 mostró que la Comisión propuso un Consejo Regulador en la Cooperación UE-Estados Unidos [12], una estructura permanente que se creará como parte del acuerdo TTIP. El reglamento existente y futuro de la UE tendría que pasar por una serie de investigaciones,  diálogos y negociaciones en este Consejo. Esto haría que las decisiones sobre regulaciones se movieran en una esfera tecnocrática, lejos del escrutinio democrático. Las políticas podrían ser presentadas al público como tratos hechos, los cuales se han llevado a cabo a puertas cerradas entre funcionarios pro-negocios y líderes empresariales. También habría evaluaciones de impacto obligatorias para la regulación propuesta, que será verificado por su potencial impacto en el comercio. ¿Qué hay de la protección de la salud de las personas o si son buenos para el medio ambiente? Es un intento descarado de la introducción de los productos genéticamente modificados en el mercado europeo, por poner un ejemplo.

Esto sería ideal para grandes grupos de presión empresariales: la creación de un freno firme sobre cualquier nueva regulación progresiva en la primera etapa de la toma de decisiones.

Algunos de los principales jugadores que originalmente apoyaron el acuerdo incluía el sector de la biotecnología, Toyota, General Motors, la industria farmacéutica, IBM y la Cámara de Comercio de los EE.UU., una de las empresas más poderosas dentro de los grupos de presión en los EE.UU.. Business Europe, la principal organización que representa a los empleadores en Europa, puso en marcha su propia estrategia en la asociación económica y comercial entre la UE y los Estados Unidos a principios de 2012 [13]. Sus sugerencias fueron ampliamente incluidas en el proyecto de la UE.

En el último par de años más o menos, un número creciente de políticos y grupos de ciudadanos han exigido que las negociaciones se llevaran a cabo de una manera abierta, sobre todo porque existe la preocupación de que el acuerdo abrirá la puerta a los OMG (multinacionales de la alimentación, de la agricultura  y productores de semillas; que han tenido más contactos con el departamento comercial de la CE que los grupos de presión de la industria farmacéutica, química, financiera y coche juntos [14]) y el gas de esquisto (fracking) en Europa, amenazando los derechos digitales y de mano de obra y facultarán a las empresas a impugnar legalmente una amplia gama de normas que les desagradan.

Uno de los aspectos clave de las negociaciones es que tanto la UE como Estados Unidos deben reconocer sus respectivas normas y reglamentos, que en la práctica podrían reducir la regulación al mínimo común denominador: Las conversaciones oficiales sobre el "reconocimiento mutuo" de las normas o la llamada reducción de las barreras no arancelarias irían en detrimento de la regulación (más fuerte) en la UE. Para la UE, podría significar la aceptación de las normas de EE.UU. en muchas áreas, incluyendo la alimentación y la agricultura, que son más bajas que las de la UE.

Los EE.UU. quieren que todos los llamados obstáculos al comercio, incluyendo las regulaciones altamente controvertidas, como las que protegen la agricultura, la alimentación o la privacidad de los datos, sean eliminadas. Incluso los líderes del Comité de Finanzas del Senado, en una carta al representante comercial estadounidense Ron Kirk, dejaron en claro que cualquier acuerdo debe también reducir las restricciones de la UE sobre los cultivos modificados genéticamente, pollos clorados y la carne de vacuno tratada con hormonas [15].

Las demandas incluyen una "ambiciosa liberalización de las barreras comerciales agrícolas con el menor número posible de excepciones". Del mismo modo, el grupo de presión de los alimentos Food and Drink Europe, en representación de las mayores compañías de alimentos (Unilever, Kraft, Nestlé, etc), ha acogido con satisfacción las negociaciones, donde una de sus principales demandas es la facilitación de la presencia de niveles bajos de los cultivos genéticamente modificados no aprobados. Se trata de una agenda de la industria de larga data en la que también entran los grandes comercializadores de piensos y de granos, entre ellos Cargill, Bunge, ADM, y el lobby COPA-COGECA de los grandes agricultores. Mientras tanto, la industria de la biotecnología en ambos lados del Atlántico está ofreciendo su "apoyo y asistencia tanto a la UE y al gobierno de Estados Unidos para mejorar su relación comercial". [13]

También existe la modalidad de solución de las posibles controversias gobierno-empresa altamente contencioso. Ello permitiría a las empresas estadounidenses que invierten en Europa eludir los tribunales europeos y desafiar a los gobiernos de la UE en los tribunales internacionales cada vez que se encuentren con que las leyes en materia de salud pública, protección del medio ambiente o social interfieren con sus ganancias. Las empresas de la UE que invierten en el extranjero tendrían el mismo privilegio en los EE.UU..

En todo el mundo, las grandes empresas ya han utilizado dichas disposiciones en los acuerdos comerciales y de inversión para reclamar enormes sumas de dinero de los Estados soberanos en compensación. [16] Tribunales, que consta de grupos ad hoc de tres miembros a sueldo de un pequeño club de abogados privados plagados de conflictos de interés, que han concedido miles de millones de euros a las empresas, cortesía de los contribuyentes.

Las empresas de la UE y de Estados Unidos ya han utilizado estas demandas en todo el mundo para destruir cualquier competición o amenaza a sus beneficios, por ejemplo, el reto de la energía y la medicina sobre las políticas verdes, la legislación antitabaco, las prohibiciones de productos químicos nocivos, restricciones ambientales en la minería, las pólizas de seguro de salud y medidas para mejorar la situación económica de las minorías. 

Cualquier forma de intervención estatal vaya en contra del beneficio de las grandes empresas es considerado cada vez más como una "barrera" para el comercio, un freno potencial de ganancias.

El TTIP está, por tanto, también diseñado para socavar la prestación de servicios del sector público. Así es, el sector público se considera como una "barrera" también. Las empresas privadas podrían acceder al mercado de la contratación pública lucrativa bajo la bandera del libre comercio. Bien podríamos ver un festival de la privatización irreversible, como ofertar la  licitación para realizar servicios del Estado a intereses privados estadounidenses. [17]

Un informe publicado por el Seattle to Brussels Network (S2B) reveló los verdaderos costos humanos y ambientales del acuerdo propuesto. “A Brave New Transatlantic Partnership"[18] puso de relieve que las promesas de crecimiento del PIB de hasta el uno por ciento y la creación masiva de empleos como resultado de la operación comercial de la CE no fueron apoyadas incluso por sus propios estudios, que predicen una tasa de crecimiento de sólo el 0,01 % del PIB en los próximos diez años y la posible pérdida de puestos de trabajo en varios sectores económicos, como la agricultura.

El informe también explica cómo las empresas están presionando a los negociadores a utilizar el acuerdo para debilitar la seguridad alimentaria, el trabajo, la salud y medio ambiente; así como socavar los derechos digitales. Los intentos de fortalecer la regulación bancaria en el contexto de la crisis financiera también podrían verse en peligro ya que el lobby financiero utiliza las negociaciones comerciales secretas para deshacer las reformas financieras, como las restricciones sobre el valor total de las transacciones financieras o la forma jurídica de sus operaciones.

Cuando el informe fue publicado, Kim Bizzarri, el autor del informe, argumentó:

"Los grandes lobbies empresariales en ambos lados del Atlántico ven las negociaciones comerciales secretas como un arma para deshacerse de las políticas destinadas a proteger a los consumidores europeos y estadounidenses, los trabajadores y nuestro planeta. Si su lista de deseos corporativa se implementa, se concentrará aún más el poder económico y político en manos de una pequeña élite, dejando a todos sin protección contra las malas acciones corporativas".

TTIP en el contexto

A pesar de que los principales medios de comunicación corporativos presentan con soltura el TTIP como una receta bien pensada para el libre comercio, la creación de empleo y el crecimiento económico, aunque con algunos problemas técnicos de menor importancia, tales afirmaciones anteriormente descritas no se comentan. El TTIP es un mandato para el saqueo corporativo, la elusión de los procedimientos democráticos y la erosión de los derechos de la gente común y la soberanía nacional. Representa una agenda pro-privatización que consagra los privilegios de las corporaciones más poderosas del mundo a expensas de la gente común.

La gente común quiere que las poderosas corporaciones deban rendir cuentas. Quieren prácticas comerciales reguladas por representantes electos y funcionarios públicos con el fin de proteger el bien público. Sin embargo, el por qué tantas personas siguen colocando alegremente tal confianza en ciertas instituciones de la UE se extiende a la imaginación: la democracia en la UE se ha vendido al mejor postor; la CE es un criado en cautividad dispuesta de una agenda corporativa [8]. Y ahora el TTIP presenta una oportunidad ideal para que las empresas gobiernen a través de políticas totalmente impopulares.

En última instancia, el TTIP podría dibujar una Europa aún más cerca a los EE.UU. y consolidar el poder de los intereses financieros de unas mismas empresas anglo-estadounidenses que se centran en la City de Londres y Wall Street. Si los eventos que rodean Ucrania nos dicen algo, es que estos intereses han sido fundamentales para crear una separación entre Europa y Rusia para evitar una alineación económica más estrecha entre los dos. Mediante la colocación de las sanciones económicas en Rusia y, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, la UE está obligada a ir junto con ellos, el comercio de Europa con Rusia se verá afectado, un incentivo para que Europa “abrace” el el TTIP.

Es, pues, parte del plan de un juego geopolítico más amplio para debilitar Europa Occidental y dividir el continente europeo para marginar a Rusia. Mientras que el TTIP puede parecer que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Ucrania o en Siria, debe ser considerado como una pieza más en la rueda para cimentar la hegemonía global y debilitar a Rusia [19].

Notas:

19] http://rt.com/op-edge/192204-usa-ttip-syria-ukraine-gas/
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19 feb. 2016

El ISDS zombi

“El ISDS zombi, rebautizado como ICS, los derechos de las corporaciones a demandar a los estados se niega a morir”, mostrando cómo el impulso de los privilegios de los inversores extranjeros en las negociaciones comerciales con la UE, tales como el acuerdo UE-EEUU (TTIP) continúa, con la propuesta de la Comisión, renombrando la políticamente insostenible  solución de controversias inversionista-estado (ISDS) como un "Sistema de Tribunal de Inversiones" (ICS). Una controversia en toda Europa sin precedentes sobre la amenaza democrática planteada por el ISDS ha conducido que el pasado otoño se cambiara el vocablo ISDS como ICS en un intento de blindar, en medio de la enorme oposición pública, los privilegios legales para las corporaciones multinacionales.

Pese a haber pasado inadvertido durante décadas, en los últimos dos años se ha suscitado una gran polémica alrededor de un elemento presente en los tratados comerciales internacionales, que ha mantenido a la ciudadanía, a la política y a los medios de comunicación en vilo. Nos referimos al denominado mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, más conocido por sus siglas en inglés como ISDS.

El ISDS está incluido en miles de tratados internacionales. Este mecanismo permite a las grandes corporaciones demandar a los gobiernos por cambios en las políticas públicas – incluidas las de protección ambiental o de salud – que amenacen con afectar los beneficios privados de las multinacionales.

Estos casos sobrepasan las cortes nacionales dado que se dirimen en tribunales internacionales de arbitraje, es decir ante tres abogados privados que tienen el poder de decidir si son más importantes los beneficios privados o el interés público. En todo el mundo, los tribunales entre inversores y Estados han facilitado ganancias mil millonarias a las grandes corporaciones a costa del dinero de los contribuyentes (es decir, de nuestros impuestos) – en muchos casos como compensación de alguna medida de interés público llevada a cabo por los gobiernos.

Como respuesta a la propuesta de la Comisión Europea de incluir este poderoso régimen legal en el tratado en negociación con los Estados Unidos, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), una gran ola de oposición se levantó: másde un 97% de respuestas a una consulta pública que tuvo un récord departicipación de 150,000 personas (pdf – pag 14), expresaron su rechazo a este mecanismo. También han surgido críticas desde el Parlamento Europeo y entre los propios Estados miembros de la UE. Con ello, el “ISDS” se ha convertido, en palabras de la propia comisaria de comercio de la UE Cecilia Malmström, en uno de“los acrónimos más tóxicos de Europa”.

En un intento de darle la vuelta a esta enorme oposición hacia el ISDS, la Comisión Europea ha decidido cambiarle la etiqueta. En 2015 se anunció una propuesta de reforma que se aplicaría a todos los tratados de la UE en marcha así como a las futuras negociaciones sobre inversiones, incluido el TTIP. En lugar del “viejo” sistema del ISDS, la Comisión promete un sistema “nuevo” y supuestamente independiente, que protegerá el derecho a regular de los gobiernos: el Sistema de Tribunal de Inversiones, o por su nombre en inglés Investment Court System o ICS.

El análisis propuesto en este informe muestra que el sistema en el ICS no finiquita el ISDS. Al contrario, permite que muchas más multinacionales tengan el poder de esquivar los sistemas legales nacionales y demandar a sus gobiernos en unos tribunales paralelos en el caso de que las leyes o regulaciones limiten su capacidad de generar beneficios económicos. Este sistema, abriría el camino a que miles de millones de euros de nuestros impuestos vayan directamente a las grandes corporaciones. Atenta contra la capacidad de decisión sobre políticas que protejan el medio ambiente y a las personas. Ante todo, amenaza con encerrar a los Estados miembros de la UE para siempre entre las rejas de la injusticia del régimen del ISDS.

En resumen, la propuesta del “nuevo” ICS revive al ISDS. Es el ISDS zombi.

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30 may. 2015

UE y Canadá: acuerdo de libre comercio, CETA (¿puerta trasera al ISDS?)

A finales de septiembre del año pasado, Canadá y la UE anunciaron la celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), que incluye un mecanismo de solución para las controversias inversionista-Estado. Una vez más, esto da a las empresas extranjeras la posibilidad de demandar directamente a los países en tribunales internacionales privados para la compensación por las posibles pérdidas que lleguen a tener las empresas a causa de las decisiones que tome un gobierno sobre la salud, las salvaguardias nacionales ambientales, financieras, etc.

Estas demandas inversionista-Estado son decididos por árbitros comerciales privados que son pagados para cada caso, con una clara tendencia a interpretar la ley a favor de los inversores.

El CETA representa un amplio número de acuerdos entre la UE y Canadá de los que una parte muy limitada se refiere a la propiedad intelectual, pero precisamente esta parte parece copiada del ACTA palabra por palabra, según puede comprobarse en una serie de protocolos del tratado filtrados antes de su publicación oficial.

"La estrategia de la Comisión Europea parece ser el uso del CETA como un nuevo ACTA, ocultando sus disposiciones en un acuerdo comercial más amplio con Canadá con la esperanza de que el Parlamento Europeo acepte las mismas disposiciones que acaba de rechazar en el marco del ACTA", afirma Michael Geist, profesor de derecho canadiense, en su página web. Geist cita decenas de párrafos idénticos en los dos convenios. 

El ACTA fue diseñado para combatir el robo de la propiedad intelectual en esta época de rápido progreso tecnológico. En un principio fue aceptado por los países por separado sin consultar con la población, lo que provocó manifestaciones masivas de los ciudadanos preocupados por la vigilancia del Gobierno, la disminución de la privacidad y la suspensión de ciertas libertades económicas e individuales que podrían resultar de la aplicación de la ley.

El pasado 18 de octubre, la Unión Europea (UE) y Canadá concluyeron con éxito las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) tras cuatro años de negociaciones.[1] El CETA es el primer pacto de la UE con un país del G-8 y debe ser visto como parte de la actual tendencia a la formación de mega acuerdos. Canadá se convierte en el único país del G-8 con acceso preferencial a la UE y los Estados Unidos (EE.UU).

El CETA elimina más del 99% de los aranceles, aumenta el acceso a mercados de bienes y servicios y proporciona nuevas oportunidades de inversión. El acuerdo cubre prácticamente todos los sectores y aspectos del comercio entre Canadá y la UE. Debe ser ratificado por los países miembros de la UE y las provincias canadienses, y su entrada en vigor se estima para 2015.

En 2012, la UE fue el segundo socio comercial de Canadá después de EE.UU, mientras que Canadá fue el decimosegundo destino de exportaciones de la UE. El valor del comercio bilateral de bienes fue de € 61,8 mil millones y los principales productos comerciados son maquinarias, equipos para transporte y productos químicos. Un estudio conjunto entre Ottawa y Bruselas, elaborado en octubre de 2008, indica que con la implementación del acuerdo, el comercio bilateral de bienes y servicios podría incrementarse en 23% (€ 26 mil millones).[2]

El Gobierno canadiense coincide con Europa en que el CETA es un hito histórico para las relaciones comerciales transatlánticas. Incluso tendrá un alcance más amplio y profundo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por primera vez, las compras de todos los niveles del gobierno canadiense se abren a proveedores e inversiones de origen europeo.

Es importante resaltar que desde el comienzo de las negociaciones, el Gobierno de Canadá trabajó para asegurar que el acuerdo sirviera a los intereses de todas las provincias y territorios del país. Para lograrlo hizo consultas públicas en todos los aspectos de la negociación con los municipios, la industria, trabajadores y pequeñas empresas, parlamentarios y ciudadanos comunes.

Se detallan los aspectos más relevantes o novedosos en temas de comercio de bienes y servicios e inversiones y luego se hace referencia a los principales beneficios estimados para las partes.

Comercio de bienes

La liberalización del comercio de bienes incluye una amplia variedad de ramas, tales como las manufacturas avanzadas, automóviles, químicos y plásticos, alimentos procesados, productos de pesca, entre otros.

En materia agrícola, el CETA constituye un precedente para futuras negociaciones de la UE pues representa un balance entre los intereses de las partes que se comprometieron a liberalizar al final de un período de transición el 92,8% de las líneas comerciales agrícolas canadienses y el 93,5% de las europeas. Con respecto a los productos sensibles (lácteos para Canadá; y carne bovina y de cerdo y maíz para la UE), se pactó un nuevo acceso al mercado en forma de contingentes arancelarios, que representan un 1% y un 1,9% suplementario de líneas tarifarias, de Canadá y la UE respectivamente.[3]

Comercio de servicios

En 2012, el comercio de servicios de transporte, viaje, seguros y comunicaciones entre Canadá y la UE se estimó en € 26.800 millones. El CETA abre el comercio de servicios y reduce o elimina ciertas barreras para el traslado de personal temporario y personas de negocios, con el objetivo de acceder a los mercados de una forma más sencilla, predecible y segura. El acuerdo también provee un marco para el futuro reconocimiento mutuo de títulos académicos.

Actualmente Canadá es uno de los exportadores de servicios más grandes del mundo y vende a Europa servicios de investigación y desarrollo, arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos. Se espera que con el acuerdo se beneficien los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, ambientales y otros profesionales. Cabe señalar, no obstante, que las compañías constructoras canadienses ahora deberán hacer frente a la competencia europea en las contrataciones públicas.

Para la UE, la mitad de los beneficios que se esperan del acuerdo se vinculan con el comercio de servicios como las finanzas, las telecomunicaciones, la energía y el transporte marítimo.

Inversiones

En 2011, los inversores europeos invirtieron más de € 221.600 millones en Canadá, mientras que los canadienses invirtieron casi € 137.600 millones en el viejo continente. El acuerdo reduce las barreras a la inversión horizontalmente y en sectores específicos, aumentando la estabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica.
Asimismo, la Comisión Europea ha negociado disposiciones para proteger a los inversores europeos en Canadá, garantizando un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio como así también una compensación adecuada en caso de expropiación.

Beneficios para Canadá

El CETA se convirtió en una prioridad del Gobierno canadiense para crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades en todas las regiones del país. Los sectores que se verían más favorecidos son los productores de carne vacuna y de cerdo, la industria avícola y láctea (con excepción de los quesos), y el sector pesquero. Serán eliminados el 96% de los aranceles europeos al pescado y productos de mar canadienses, mientras el 4% restante quedará libre de impuestos 7 años más tarde de su entrada en vigencia.[4] Si bien el Gobierno admitió que en el corto plazo algunos sectores sensibles podrían verse afectados, tiene previstas compensaciones para hacer frente a los posibles efectos adversos.

Beneficios para la UE

Entre los ganadores se encuentran los productos agrícolas procesados que estarán liberalizados desde que comience a regir el acuerdo. Los vinos y las bebidas alcohólicas de alta graduación se verán particularmente beneficiados considerando la relevancia de sus exportaciones.[5] Además, serán protegidas ciertas denominaciones de origen europeas. Por otra parte, las concesiones que hizo Europa en materia agrícola serán compensadas en la exportación de automóviles, productos farmacéuticos y el acceso a mercados públicos. Por ejemplo, en el sector automotriz Canadá reconocerá una lista de estándares de automóviles del bloque y examinará el reconocimiento de otros nuevos, lo que resultará provechoso especialmente para el sector de alta gama. Para conocer más beneficios del acuerdo para la UE visitar el siguiente enlace.

Para finalizar, cabe señalar que este acuerdo podría servir de modelo para algunos países de la UE que están negociando, por ejemplo con EE.UU. y Japón, entre otros.[6] Haciendo un paralelo entre las economías canadiense y algunas latinoamericanas –en particular por el desarrollo de los sectores primarios, en particular el agrícola– el CETA quizás también podría sentar precedentes interesantes para los países de la región a la hora de negociar con la UE. El acuerdo además resalta la importancia de los acuerdos trasatlánticos, además de los avances recientes en los vínculos en el Pacífico.

Notas:

[1] La UE y Canadá comenzaron las negociaciones oficiales del CETA durante la cumbre bilateral en Praga, el 6 de mayo de 2009.
[2] De esta suma, € 19 mil millones serían contabilizados en una expansión del comercio bilateral de bienes y € 7 mil millones en el comercio transfronterizo de servicios.
[3] Para Canadá se mantendrá el máximo arancel hasta que lleguen a una cuota de 15.000 toneladas la carne bovina congelada, 35.000 toneladas la carne fresca, 75.000 toneladas de carne de cerdo y 8.000 toneladas de maíz, momento en que entrarán a la UE con arancel cero. Mientras tanto, para la UE la cuota para los quesos se ha elevado de 11.000 a 29.500 toneladas.
[4] Actualmente solo el 13,1% está libre de impuestos.
[5] Alrededor de la mitad de las importaciones canadienses de estos productos provienen de la UE.
[6] Para conocer el estado de las negociaciones de todos los acuerdos comerciales de la UE, véase Comisión Europea (2013b), en inglés.






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23 abr. 2015

TTIP: La última frontera de la globalización - video

Primera entrega del reportaje sobre el TTIP, el tratado de libre comercio e inversiones que están actualmente negociando la Unión Europea y Estados Unidos. Realizado conjuntamente por Mayhem Revista y El Salmón Contracorriente. ¿Qué es el TTIP? ¿Qué es el ISDS? ¿En qué nos afecta este acuerdo? Esas son algunas de las preguntas que han querido contestar en el reportaje que han realizado de manera conjunta entre El Salmón Contracorriente y Mayhem Revista.

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20 jun. 2014

Acuerdo comercial secreto que cubre el 68 por ciento de los servicios financieros mundiales

El texto de unas de 19 páginas sobre el acuerdo de comercio internacional, el denominado anexo de servicios financieros del TISA (acuerdo de comercio en servicios financieros) se está elaborando en secreto-y fuera del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)- fue publicado por WikiLeaks el jueves. Cincuenta países de todo el mundo ya han firmado el Acuerdo de Comercio de Servicios, o TISA, incluyendo Estados Unidos, Australia y la Unión Europea. A pesar de enormes lazos internacionales, sin embargo, los detalles sobre el acuerdo se han negociado a puertas cerradas y en gran parte ignorados por la prensa.

Los países que actualmente forman parte de la negociación son: Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, que incluye sus 28 Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda , Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.

EE.UU. y la UE son los principales impulsores del acuerdo y los autores de la mayoría de los cambios. En una maniobra significativa para impedir la transparencia, el proyecto ha sido clasificado para mantenerlo en secreto no solo durante las negociaciones, sino durante cinco años después de la entrada en vigor de TISA, explica el portal en su página web.

WikiLeaks explica que a pesar de los fallos evidentes en la regulación financiera durante la crisis financiera global en los años 2007 y 2008, y las llamadas a mejorar estructuras reguladoras pertinentes, los defensores de TISA pretenden desregular aún más los mercados de servicios financieros globales.

Estos gobiernos estaban celebrando estas conversaciones fuera de los límites formales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con los ojos puestos en TISA. Se llamaban a sí mismos "realmente buenos amigos de los servicios" y su objetivo es convertir TISA en la nueva plataforma de servicios financieros.  El informe destapa los deseos de EE.UU. de establecer nuevas reglas de negociación en TISA, obtener suficientes países que lo firmen para luego poder incorporarse a la OMC, y luego tener las mismas normas que se adoptan para las negociaciones en la OMC.

WikiLeaks explica que no está claro cómo debería suceder esto: bien dos terceras o tres cuartas partes de los miembros tendrían que estar de acuerdo para aceptar TISA bajo el paraguas de la OMC o bien bajo un acuerdo plurilateral. Países como Brasil y la India han sido muy críticos con TISA, y EE.UU. no ha permitido a China unirse.


EE.UU., a la cabeza del manejo de datos

El mayor peligro es que TISA impedirá a los gobiernos imponer normas rigurosas relacionadas con el sector financiero. Además, buscan no permitir que los gobiernos puedan solicitar datos para procesarlos y almacenarlos localmente, sino en las nubes, y la mayoría de empresas que usan esta tecnología se ubican en EE.UU.

Empresas estadounidenses también dominan el sector de la información y las comunicaciones en general. El derecho a guardar datos extranjeros es especialmente importante para el sector financiero, explica WikiLeaks, porque las finanzas son datos. Las industrias de seguros y tarjetas de crédito de Estados Unidos han sido las que más protestaron en contra de las solicitudes de "localización" de datos.

La propuesta de EE.UU. es mucho más directa, pues quiere que cada proveedor de servicios financieros de TISA tenga derecho a transferir información en forma electrónica o de cualquier otra manera hacia y desde el territorio de otro miembro de TISA para el procesamiento de datos. El portal reitera que en tales condiciones no se puede hablar de "ninguna pretensión de derecho para el Estado para proteger la privacidad y los datos personales".   


Expansión de las multinacionales financieras 

El borrador del Anexo sobre Servicios Financieros pone de relieve las normas que podrían contribuir a la expansión de las multinacionales financieras —con sedes ubicadas, sobre todo, en Nueva York, Londres, París y Frankfurt— a otras naciones mediante la prevención de las barreras regulatorias. 


Regulación financiera, ¿objetiva e imparcial?
  
EE.UU. aspira a que toda la regulación financiera se administre en una "manera razonable, objetiva e imparcial". Pero, explica el portal, son criterios "altamente subjetivos y proporcionan un terreno fértil para la competición y si es necesario una disputa".  
 
La presión sobre los reglamentos, que se realiza a través de argumentos y estudios y exigiendo explicaciones, se ve reforzada por las solicitudes de consulta con correspondientes estados patronos y, si es necesario, advertencias de una disputa. "El objetivo claro es 'calmar' o sofocar al regulador", sostiene.


Secretismo antidemocrático

El secretismo durante la negociación sobre un tratado comercial de carácter vinculante y ejecutable es "objetable y antidemocrático, y provoca decisiones mal informadas y sesgadas", sostiene WikiLeaks. De hecho, este secretismo tiene como objetivo prevenir que los gobiernos sean responsables ante sus parlamentos y ciudadanos.

La supresión de los documentos de referencia también crea problemas legales. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reconoce que son una herramienta esencial para la interpretación de los textos legales. Su no divulgación, explica el portal, hace que sea imposible para políticos, reguladores, organismos de supervisión no gubernamentales, partidos políticos de la oposición, empresas de servicios financieros, académicos y otros comentaristas entender el significado o aplicar el texto con confianza.

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17 jun. 2014

El plan secreto para dar entrada a EEUU en el negocio de los servicios públicos de Europa

Europa y Estados Unidos negocian a espaldas de sus ciudadanos uno de los pactos que más influirán en la vida de los europeos en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido por sus siglas en inglés TTIP, y que busca igualar la regulación en ambas zonas económicas para potenciar el comercio y la inversión.

eldiario.es ha tenido acceso, en exclusiva junto a La Marea y Diagonal, a uno de los documentos secretos que sirven de base a la negociación ya que supone la oferta de servicios que Europa está dispuesta a negociar con Washington. El documento ha llegado a través de Filtrala.org, la herramienta de filtraciones anónimas en la que colaboran estos medios.


El acuerdo está en el punto de mira de organizaciones sociales y partidos de izquierda, ya que sus efectos pueden suponer en la práctica una mayor liberalización de decenas de sectores en la UE, que tiene una normativa en general más exigente que en EEUU, y abre la puerta a un mayor poder de las empresas privadas. 


El borrador secreto ha llegado fragmentado en tres archivos y se extiende en al menos un centenar de páginas. La carátula del encabezado deja claro que es un documento secreto ya que las negociaciones se han clasificado como confidenciales en Europa y Estados Unidos, algo muy criticado por personas como Joseph Stiglitz, Noam Chomsky o Sami Naïr. 


Hasta el momento, solo se conocen otros cuatro documentos de los decenas de informes que cruzan el océano. Aunque formalmente esta ronda de negociaciones comenzó en 2013, lleva décadas gestándose con sucesivos acuerdos y grupos de trabajo que se han formado en la UE y EEUU. Este documento tiene hoy (13 de junio) como fecha límite para que los estados miembros hagan sus aportaciones. 


Esta es una oferta inicial, una suerte de catálogo, de lo que la Unión Europea está dispuesta a negociar con Estados Unidos para flexibilizar los negocios en el sector servicios. Cada una de las áreas que negocia el TTIP se discute en una comisión ad hoc, como en el caso de la energía, otro de los documentos filtrados con anterioridad en el que se hablaba de temas como el fracking


El que ha llegado a Filtrala.org es el borrador con el que trabaja la Comisión de Servicios e Inversión, lo que supone que se hace un recorrido por todos los servicios, incluidos los públicos, que se ofrecen a los ciudadanos. Esto implica que también se abra en el abanico de las ofertas cuestiones como los servicios sanitarios, servicios sociales, educación y cuestiones claves como los servicios de la energía. Es una lista en positivo de puntos que negociar. Es decir, se incluye todo lo que es susceptible de discusión. 


En el membrete aparecen los sellos del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión, ya que la representación permanente de cada país en el Consejo es la que está negociando el acuerdo (no es posible que el Gobierno de cada país acuda continuamente a Bruselas para estas discusiones). 


El documento marca el amplio perímetro de las negociaciones en servicios de la UE. Tras un listado de cautelas iniciales en el que la Comisión se reserva la posibilidad de negociar aspectos en una amplia panoplia de servicios que se consideran de seguridad nacional, luego muestra al socio norteamericano en qué áreas sería posible entablar una negociación. Los estados miembros deben fijar estas reservas por adelantado, ya que una vez firmado el acuerdo no se pueden introducir nuevas excepciones. Es una forma de no comprometerse a modificar un determinado aspecto en la legislación en los acuerdos multilaterales. 


Las excepciones giran en torno a la extracción de petróleo, minería, producción nuclear y otros elementos sensibles como la pesca y la agricultura de las que la UE se desentiende de compromisos a priori. Su inclusión en la lista no es una negativa a discutir sino una reserva a no hacerlo en caso de que no interese a los estados. 

El documento señala una a una las barreras de acceso al mercado que los estados miembros, o la UE en su conjunto, tienen actualmente en un sinfín de sectores, con el fin de negociar su total apertura. En una última columna (bajo el encabezado 'Limitations o National Agreement') se subraya también qué países favorecen la entrada a sus propios ciudadanos o empresas, una de las restricciones al mercado más importantes y que la UE lucha por limar.

El documento es un destape en toda regla en el que los eurócratas exhiben todas las flaquezas de los países miembros para que los estadounidenses sepan a qué restricciones se van a enfrentar y negocien su eliminación. En la nota inicial, la UE deja claro que esta propuesta inicial se hace a la espera de que "Estados Unidos ofrezca un nivel de transparencia significativo a nivel sub-federal". Es decir, al otro lado del Atlántico se debería estar construyendo un borrador similar a este pero con las restricciones que plantean los Estados federados.

Línea roja en la banca

Es especialmente llamativo que solo un área queda fuera del texto: las finanzas. Aunque inicialmente los servicios financieros se iban a incluir en el Tratado, como todos los demás aspectos de la economía, EEUU ha puesto trabas en la negociación. Washington entiende que la actual regulación financiera es más exigente que la europea, gracias sobre todo a una de las últimas leyes aprobadas tras el estallido de la burbuja, la Dodd-Frank. Por este motivo, los estadounidenses han pedido excluir a las finanzas del marco de cooperación regulatoria, que les hubiera llevado a negociar su actual nivel de regulación financiera y hacerlo más laxo.


Este aspecto es muy importante, ya que tal y como recuerda Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, hace que los argumentos que esgrimen los negociadores para defender el Tratado "se caigan por su propio peso". 


Si Estados Unidos no quiere negociar en el ámbito financiero porque supondría una rebaja de sus exigencias, está claro que el proceso de negociación se hace a la baja. En este caso, es la legislación comunitaria la que más tiene que perder ya que salvando el área de las finanzas, la UE es mucho más exigente en cuanto a normativa. 


Por ejemplo, el principal interés de EEUU es negociar lacooperación regulatoria en el campo de la energía, donde los estadounidenses son mucho más abiertos que los europeos. 


El documento dice que "debido a la firme oposición de Estados Unidos a incluir cooperación regulatoria en el campo del acuerdo, se considera apropiado no incluir ningún compromiso en la oferta de servicios financieros por parte de la UE en este punto". La Comisión deja la puerta abierta a que si "en el futuro" los estadounidenses cambian de opinión y se comprometen a abrir el melón de las finanzas, Europa también mostrará sus cartas. 


Los servicios bancarios son por lo tanto la única línea roja marcada en el documento, y no por voluntad europea. Del resto, la UE muestra su deseo a hablar de todo, incluida la prestación de servicios médicos (lo que abriría aún más el negocio de la salud a las grandes corporaciones estadounidenses de sanidad), el transporte o la liberalización de los colegios profesionales. 

Desde los sindicatos europeos de servicio público se subraya que esta apertura a negociar este tipo de prestaciones atentará contra la calidad de los servicios y el empleo. Para Kucharz, es una "alerta a todas las mareas españolas. Es una megaamenaza a la calidad de los servicios públicos". 

Cabe resaltar que al hacer el recorrido de trabas actuales en los países de la Unión, España es uno de los países que menos aparece, en gran medida porque es uno de los países más liberalizados del Continente. Las escasas menciones que se encuentran de España son respecto a las restricciones de los colegios profesionales y, cómo no, a la posibilidad de poner una farmacia o al trabajo de los auditores contables. 

Los defensores del acuerdo hablan de cifraspor valor de miles de millones de impacto económico y de creación de empleo. Los detractores, de destrucción de miles de puestos de trabajo en Europa y de pérdida de derechos laborales.

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7 jun. 2014

TTP + TTIP: Un billete de ida al paraíso corporativo.

Si nunca has oído hablar de la Alianza Trans-Pacífico (TPP), o de la Asociación de Comercio e Inversión Trans-Atlántica (TTIP), no te preocupes no eres el único De hecho, estos dos acuerdos de libre comercio ,"en última instancia tratan de transferirlo poco que queda de la soberanía nacional a la sede de los mayoresconglomerados multinacionales del mundo" .Estos tratados son el negocio exclusivo de las corporaciones y los mega bancos más grandes del mundo, y, como tal, la mayoría de la gente en el planeta Tierra siguen viviendo en un estado de ingorancia feliz con respecto a su existencia real.

El caso es que la cuenta atrás sigue. A menos que los pueblos de las naciones en todo el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, comiencen a interesarse más por sus gobiernos electos,  pronto será demasiado tarde. El nuevo régimen será consagrado en la ley y un nuevo tipo de distopía , teniendo un parecido asombroso con el  totalitarismo invertido  previsto por Sheldon Wolin, estará a nuestro alrededor, en todas direcciones hasta perderse de vista .

En la siguiente entrevista con Max Keiser , Linda Kaucher de  Stop- TTIP describe los nuevos acuerdos comerciales, como parte de un plan general para el neoliberalismo permanente y la armonización normativa. Bajo el acuerdo, de "fricciones comerciales", tales como las leyes nacionales sesgadas serán erradicados a través de un panel de arbitraje que juzgará SOLAMENTE en criterios de libre comercio.

En términos simples, podemos decir adiós a la democracia del estado-nación (fue bonito mientras duró), y darle una agradable y cálida bienvenida a la nueva era de ¡corporatocracia global!



Lo que sigue es un artículo aparecido en rebelión:

A finales del siglo XVIII, en 1776, se publicó la obra de referencia de Adam Smith, An Inquiry into theNature and Causes of the Wealth of Nations, más conocida como “La Riqueza de las Naciones”. En los albores del Capitalismo que conocemos, en su famoso y poco leído tratado, para salvar la cuestión social dentro del libre mercado, Smith afirmaba que el interés individual repercutía en último término en el interés social. Asumía así que el interés individual era inocente, es decir, que el preocuparse de uno mismo no lleva consigo hacer daño a los demás; al contrario, pues se puede tener interés en vender algo porque se obtiene beneficio de ello pero también porque interesa que alguien se beneficie, pues de este modo ganan ambas partes y la relación continúa. Aceptando esta máxima, puede decirse que algunos se hacen empresarios para ganar dinero y al mismo tiempo ofrecer a la sociedad productos y servicios que necesita, siendo mínimo el papel del estado. Paradójicamente, en la instauración del Contrato Social, ¡la mano invisible del mercado era en sí benevolente!

Sin embargo, casi dos siglos y medio de Capitalismo rampante después, en un mundo globalizado que se va configurando a modo de gigantesco tablero de juego geoestratégico a medida que, como civilización, nos vamos acercando cada vez más y más rápidamente a sus ya próximos límites físicos inquebrantables, la realidad que hemos venido construyendo desmiente tajantemente tales ideas del egoísmo benevolente y cuestiona profundamente el Contrato Social de Rousseau, y una de las mejores muestras de ello es el actual Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que se negocia en este mismo momento entre bastidores y de espaldas a la ciudadanía y a cualquier medio de supervisión y control democráticos.

El TTIP, también conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA, por sus siglas en inglés), tiene su origen en la oscura tradición de los acuerdos multilaterales para la progresiva liberalización del comercio mundial que promueve la OrganizaciónMundial del Comercio(OMC) a partir de su constitución formal a mediados de los 80 del siglo pasado, y, como su nombre apunta, representa la culminación de la liberalización del comercio y la inversión a ambos lados del Atlántico, la “carta blanca” a las corporacionestransnacionales que cada vez más gobiernan el mundo sin ambages.

El inicio de las negociaciones del TTIP data de Febrero de 2013, cuando Obama y los líderes de la UE se comprometieron en ellas como estrategia de defensa en un intento de recuperar la hegemonía Occidental seriamente amenazada y desplazada ante el avance de las economías emergentes de los BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica), y las élites políticas y corporativas tienen la intención de culminarlas a finales de 2014.

Más allá de la eliminación de los aranceles y la apertura recíproca de los mercados a los inversores de cada parte del Atlántico, las negociaciones del TTIP se están centrando en eliminar lo que en realidad se interpone más profundamente en el camino hacia los beneficios corporativos, las mismas regulaciones que protegen a los trabajadores, a los consumidores, y al medioambiente. Con tal objetivo, la UE y EEUU quieren “armonizar” sus estándares y normas, “armonización” que solo puede ser a la baja dado el objetivo de profundizar en la liberalización del comercio y la inversión, lo que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los intereses de las corporaciones para que puedan mover libremente su capital, bienes y trabajo. Además, el acuerdo también busca crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la adjudicación de contratos por parte de la administración a las corporaciones transnacionales, lo que amenaza con provocar más olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad y la educación. En tal sentido, por ejemplo, funcionarios del gobierno del Reino Unido han reconocido que una de las tres prioridades del TTIP es “completar el mercado único” dentro de la UE, en concreto abriendo el sector de los servicios públicos y su contratación a empresas privadas de otros Estados miembros.

Los principales temas objeto de las negociaciones, siempre cabildeadas por los lobbies de las corporaciones transnacionales y desarrolladas bajo su próximo y atento escrutinio, prácticamente supervisión, son los siguientes:

· Derechos laborales y política social. En esta materia la “armonización” reglamentaria pasa por la erosión y degradación de la regulación europea, más garante y protectora de los derechos laborales y sociales, hasta equipararla con la norteamericana, más laxa y liberal. Se trata de dividir y desproteger a los trabajadores, y eliminar el derecho de huelga, en ambos lados del charco. De esta forma, las multinacionales americanas dispondrían de la pasarela perfecta para instalarse cómodamente a este lado, mientras que las corporaciones europeas verían promovidas completamente sus demandas hasta ahora solo “tímidamente” atendidas. Ante la oleada de desempleo que vendría de una mayor concentración empresarial y de las reestructuraciones industriales debidas al incremento de la rivalidad competitiva consecuencia de la presión de las grandes corporaciones, el capital gana, aún más, a costa de la vida de las clases trabajadoras.

· Protección medioambiental. Además de que el incremento de la producción, el comercio y el consumo aumentarán el agotamiento de los recursos naturales y la polución, para conseguir un significativo aumento del comercio es necesario también eliminar algunas normas y regulaciones en nombre de la pretendida “armonización” de estándares, lo que debilitaría ampliamente el Principio de Precaución europeo, piedra angular de la política europea medioambiental, con graves consecuencias sobre la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente, entre ellas las derivadas de la libre práctica en Europa de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (Fracking) por parte de las corporaciones norteamericanas y sus filiales y asociadas europeas.

· Agricultura y consumo. La “armonización” normativa en este capítulo generará la entrada en la UE de los alimentos modificados genéticamente (OGM), la carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente con químicos nocivos para la salud humana e incluso cancerígenos, como la Somatotropina Bovina Recombinante o el Clorhidrato de Ractopamina, o el pollo esterilizado con cloro. Además, como en EEUU la granja media es 13 veces más grande que sus homólogas europeas y la concentración en grandes corporaciones ha sido progresiva (en la actualidad sólo hay 2 millones de granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas), la reducción o eliminación de los aranceles llevará a los agricultores europeos a una competencia injusta y desequilibrada por parte de las grandes corporaciones agroindustriales americanas.

· Sanidad y salud. La armonización a la baja, la competencia transatlántica entre corporaciones y el refuerzo de las leyes sobre patentes incrementarán los precios de las medicinas y los servicios de salud, haciéndolos menos asequibles al público. Además, nos encontraremos en Europa con unos 30.000 productos químicos que se comercializan libremente en EEUU y que están asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad masculina, diabetes y obesidad. Las negociaciones también evidencian la intención de abrir la contratación pública de servicios de salud a la inversión privada y a la competencia extranjera, convirtiéndose en norma el acceso de las corporaciones a todo el mercado sanitario. En resumen, se impondría envenenar a los ciudadanos y denegar el acceso asequible a servicios de salud y medicinas.

· Sistema financiero. A través del acuerdo, la UE, presa del lobby de la gran Banca, está proponiendo liberalizar y desregular todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros, a pesar de que sabemos fehacientemente que la desregulación y la competencia libre en el sector financiero están precisamente en el origen de las crisis financiera cíclicas que nos azotan desde la década de los 70 del siglo pasado. Con el apoyo de la UE y el Reino Unido, de la Cyti londinense más bien, el sector de servicios financieros está demandando la eliminación de toda regulación que pueda interponerse en el camino de sus potenciales beneficios y la total libertad de mercado, lo que dejaría a los ciudadanos y los estados sin protección alguna frente a costosos recates económicos futuros.

· Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Los gigantes de Hollywood y Silicón Valley, entre otros, argumentan que el refuerzo de los DPI protegería a las compañías de la piratería y estimularía la innovación y el progreso, trayendo como resultado crecimiento económico y bienestar. Sin embargo, hay razones para pensar que un mayor poder de las corporaciones podría resucitar el espíritu del ACTA(Acuerdo Comercial de Anti ‐ Falsificación), que se intentó aprobar sin éxito durante años y se dejó de lado definitivamente en 2012. Los resultados podrían ser, precisamente, la restricción de acceso al conocimiento, el debilitamiento de la innovación, y un mayor acceso de las corporaciones a la información personal ciudadana (a expensas del derecho civil a la privacidad); con el resultado de un impacto negativo importante sobre la libertad de expresión como consecuencia del debilitamiento general de la libertad digital.

· Mecanismo de Resolución de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS). Mediante la imposición de este mecanismo, las corporaciones persiguen garantizarse más derechos que los de las personas físicas, con una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y gobiernos que permita a las corporaciones llevar a éstos ante tribunales internacionales de derecho mercantil totalmente arbitrarios, pues su miembros son elegidos bajo la influencia de las mismas corporaciones y su funcionamiento es absolutamente opaco, en caso de que sus políticas obstaculicen los intereses corporativos. Aun cuando Naciones Unidas y el mismo FMI han advertido de que estos ISDS pueden dañar severamente la capacidad de los países para luchar contra la crisis financiera y económica, se trata de que las grandes transnacionales demanden a su criterio a los gobiernos y los contribuyentes paguemos la factura.

El TTIP, que se vende propagandísticamente como un medio para mejorar el crecimiento económico, con “espectaculares” aumentos del PIB de hasta el 1% y la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, es en realidad un magnífico pufo, un engaño y un amaño, pues hasta el estudio llevado a cabo por la propia Comisión Europea desmiente tales cifras y las deja en un famélico e irrisorio crecimiento del PIB del 0’01% anual en los próximos 10 años.

Sin embargo, parece que la fe en la liberalización comercial es tan exagerada como los beneficios que pudiera reportar. Lo que emerge de todo esto es que el TTIP es en realidad un proyecto político transatlántico promovido por las élites políticas y corporativas sobre la promesa infundada de aumentar el comercio y el número de empleos, la misma que retrotraerá las protecciones regulatorias sociales y medioambientales, reducirá los derechos de los ciudadanos frente a las corporaciones, y tratará de consolidar el liderazgo geopolítico de EEUU y la UE en esta perniciosa globalización.

Además de conocer la dimensión del TTIP como proyecto político, es necesario reconocer sus importantes implicaciones a nivel doméstico. Tal como se está cociendo, el TTIP dejará a las corporaciones libres de cualquier restricción y atadura, constituidas éstas por los aranceles y la regulación en materia social y medioambiental, al tiempo que les permitirá demandar ante tribunales opacos y arbitrarios a cualquier gobierno que pudiera interferir con sus futuros beneficios, lo que debilitará adicionalmente las regulaciones socio ‐ económicas y medioambientales que salvaguardan el bienestar de las personas y el medioambiente ante las acciones corporativas.


La evidencia disponible sugiere que el TTIP debe ser entendido no sólo como un proyecto económico, sino también como un proyecto político, ideológico y de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo estriba en revertir los logros conseguidos en materia social y ambiental en Occidente. De prosperar sin oposición, la consecuencia de este proyecto será la utopía de las corporaciones multinacionales, por supuesto, y la distopía de los ciudadanos y las clases trabajadoras, sin duda; justo en la antítesis de lasmedidas que necesitaríamos si el objetivo es construir alguna suerte de futuro inclusivo, democrático y consecuente con la situación geoecológica que hemos generado.
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