Con el voto en solitario del PP, el Congreso aprobó ayer una reforma de la Ley Hipotecaria que no recoge ni una sola de las demandas presentadas en la Iniciativa Legislativa Popular por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y avaladas por 1,5 millones de firmas. Ya en el debate, Rajoy dijo que no podía asumir esas demandas porque seria “crear inseguridad jurídica” en el sistema financiero.
Pero calló y ocultó que esa “inseguridad jurídica” se refiere única y exclusivamente a los 400.000 millones de euros en cédulas hipotecarias españolas que posee la gran banca internacional. Y, curándose en salud, ya la Troika previó en las negociaciones para el “rescate” del sistema financiero español que ni una sola de esas cédulas hipotecarias pudiera correr el más mínimo riesgo de perder una parte de su valor.
Ellos adelantan 41.500 millones de euros que luego debemos devolver nosotros, con intereses, en forma de deuda pública. A cambio, entre otras cosas, se han asegurado que los 400.000 millones en cédulas hipotecarias que tienen sus grandes bancos no se depreciarán.
Pero, ¿qué son las cédulas hipotecarias y por qué ese interés en protegerlas?
Básicamente, son títulos de deuda emitidas por bancos y entidades financieras para recaudar préstamos en el mercado de capitales. Con las cédulas hipotecarias, el prestamista no sólo cuenta con la garantía del banco que ha pedido el dinero, sino que éste pone una garantía adicional que es su cartera de hipotecas. Esto le da al prestamista la certeza de que en caso de insolvencia o quiebra del banco deudor, su cartera hipotecaria servirá en primer lugar para pagar las cédulas, y no se podrá utilizar para ninguna otra cosa hasta que se haya cumplido al 100% los compromisos de pago con los poseedores de dichas cédulas.
Durante el período de la burbuja inmobiliaria, bancos y cajas españolas emitieron centenares de miles de millones en cédulas hipotecarias. Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, en la actualidad el sistema financiero español tiene comprometidos 400.000 millones de euros en cedulas hipotecarias. Que en su inmensa mayoría están en manos de bancos franceses y alemanes y de los grandes fondos de inversión norteamericanos.
Aceptar la dación en pago generalizada, significaría que buena parte de esas cédulas hipotecarias corran el riesgo de perder parte de su valor. Pues dejarían de estar respaldadas por los pagos del propietario de la vivienda endeudado, que debe responder con todo su patrimonio –y en muchas ocasiones con el de sus familiares que se han ofrecido como avalistas– del valor total de la hipoteca más los intereses, a lo que hay que sumar los intereses de demora en caso de impago o desahucio. Y pasarían a estar respaldados sólo por una vivienda cuyo precio objetivo de mercado ha caído un 40 o un 50% del valor al que están tasadas en los balances contables de los bancos.
Esto es lo que los bancos alemanes, franceses y norteamericanos no están dispuestos a permitir de ningún modo. Para eso la Troika impuso estas condiciones en las negociaciones del rescate. Por eso Rajoy y el gobierno del PP rechazan la dación en pago generalizada y por eso Rubalcaba dice que no cree que “sea la solución”.
A ninguno de ellos les importa lo más mínimo los centenares, seguramente miles, de personas a las que se les ha desposeído de su futuro y comienzan a pensar en la muerte como única salida, muchas de las cuales acaban dando ese paso mortal. Desprecian a las decenas de miles de familias angustiadas por la posibilidad cercana de verse sin un techo para ellos y sus hijos. Sólo importa su dinero, los miserables beneficios conseguidos robando años de vida y trabajo, sudor y sangre de la gente.
Después de la votación de ayer en el Congreso, podemos decir con él que debajo de cada uno de los 400.000 millones de euros en cédulas hipotecarias en manos de bancos franceses, alemanes y norteamericanos, hay no una, sino muchas gotas de sangre de gente humillada, desposeída y desahuciada.
Memorandum
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